Ciudadanos ha reivindicado medidas contra la ocupación ilegal de viviendas en diferentes municipios de la provincia como es el caso de Cúllar Vega, Salobreña, Las Gabias, Diezma, Vegas del Genil, Cijuela, Otura y Padul. Lo ha hecho a través de diferentes mociones en las que reclaman combatir la inseguridad en los barrios afectados y el endurecimiento del Código Penal, a la par que una mayor protección para los colectivos vulnerables.
El parlamentario de Ciudadanos (Cs) y vocal en la Comisión de Fomento, Raúl Fernández, ha explicado que la razón de esta demanda se sustenta en proposición de ley presentada a nivel Nacional para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, un problema que genera graves inseguridades en los barrios y en los bloques de vecinos. “La ocupación ilegal es un asunto que nos preocupa y que, precisamente, en estos meses de verano se agudiza en muchas localidades granadinas, sobre todo, del Área Metropolitana. Razón, por la que se han solicitado planes municipales que puedan resolver este problema y darle potestad a los ayuntamientos para que puedan afrontarlo con los medios necesarios”.
El parlamentario granadino de Cs ha hecho hincapié en la indefensión en la que quedan vecinos y familias “que se convierten en víctimas de unas prácticas que dañan la convivencia y vulneran derechos básicos como el de la propiedad”.
Fernández ha incidido en la necesidad de que los ayuntamientos puedan actuar en la medida de lo posible y establezcan medidas para que las familias afectadas por una ocupación ilegal no queden “desamparadas” cuando acuden a la Justicia para poder recuperar su inmueble. “Desde Cs proponemos medidas como que los jueces primen la recuperación de la vivienda, la entrega a los propietarios y que luego se pleitee sobre los derechos de los ocupantes”, ha detallado.
Por el momento, ocho municipios granadinos (Cúllar Vega, Salobreña, Las Gabias, Diezma, Vegas del Genil, Cijuela, Otura y Padul) ya han solicitado que se establezcan este tipo de medidas frente a la ocupación, además de proponer otras soluciones como fomentar políticas de vivienda para que nadie se vea obligado a ocupar una vivienda ilegalmente, permitir que la Policía pueda entrar e identificar a los ocupantes respetando todas las garantías que establece la Constitución o endurecer el Código Penal para reforzar los castigos a las mafias que se lucran de la ocupación ilegal.
