El diputado granadino del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) en el Congreso, Luis Salvador, ha exigido al Ministerio de Fomento que acometa las intervenciones necesarias en los tramos de carreteras de la provincia de Granada catalogados con un alto índice de concentración de accidentes con el objetivo de “mejorar la seguridad vial y contribuir a prevenir los accidentes en tránsito o, al menos, a minimizar sus efectos”. Así lo ha puesto de manifiesto Salvador en las Cortes, donde ha elevado una pregunta escrita para conocer también si el Gobierno tiene previsto en sus planes para 2018 la actualización de la relación de tramos de concentración de accidentes en la Red General del Estado.

Según ha explicado Salvador, la Dirección General de Carreteras establece las instrucciones pertinentes que definen las directrices para la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en servicio, cuyo objetivo pasa por establecer las condiciones de aplicación de ese procedimiento en los tramos de elevada concentración de accidentes y de alto potencial de mejora de la seguridad.

“Esas directrices definen como tramos de concentración de accidentes a aquellos tramos de carretera de una longitud no mayor de tres kilómetros, salvo excepciones muy justificadas, que lleven en explotación más de tres años y en los que las estadísticas de accidentes registrados indican que el nivel de riesgo de accidente es significativamente superior al de otros tramos con características similares”, ha apuntado el diputado, quien ha detallado que la última relación de tramos de concentración de accidentes editada por la Dirección General de Carreteras con fecha de 2015 recoge dos puntos con esa consideración en la provincia de Granada: el tramo entre los puntos kilométricos 426,5-427,2 y el tramo entre los puntos 427,5-428,0, ambos de la carretera N-432.

En este sentido, y teniendo en cuenta que estos tramos de carreteras representan “un alto riesgo para la seguridad de los usuarios que las transitan”, Salvador ha incidido en que es obligación del Estado actuar sobre ellos a fin de reducir la peligrosidad de la circulación de tráfico y que la seguridad vial se puede considerar como un derecho de los ciudadanos, puesto que protege derechos fundamentales como el derecho a la vida, la salud, la integridad física y la libre circulación.