La portavoz adjunta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Lorena Rodríguez, ha pedido al alcalde de la ciudad que incorpore un punto de urgencia en el pleno municipal de mañana para “poner en conocimiento de toda la corporación y de la ciudadanía con la máxima transparencia” el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Emucesa de llevar a la Justicia los contratos fantasmas efectuados por la empresa municipal durante el mandato del Partido Popular.
“En Ciudadanos somos prudentes pero responsables, y entendemos que es ahora, justo cuando oficialmente el Consejo de Administración de Emucesa ha decidido poner en manos de la justicia los hechos para que sea el órgano judicial competente de la vía penal quien actúe como mejor proceda, cuando el pleno de la corporación debe tomar conocimiento de lo que está ocurriendo”, ha explicado Rodríguez, quien ha recordado que aunque el Ayuntamiento actualmente participa de un 51% de Emucesa, en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos se trataba de una empresa íntegramente pública.
Según ha puesto de manifiesto la edil, ante la “gravedad extrema” de las informaciones, la respuesta de Ciudadanos fue desde el primer momento de “abogar por la transparencia”. En ese sentido, en el pasado pleno del mes de diciembre ya anunció públicamente cómo en el Consejo de Administración de ese mismo mes había pedido incorporar también como punto de urgencia en el orden del día explicaciones aclaratorias ante las noticias surgidas sobre el informe del director general donde se constataba la existencia de siete contratos de alta dirección suscritos sucesivamente por los consejeros delegados Eduardo Moral y María Francés, con seis personas distintas a las que se les atribuyen funciones de asesoría de proyectos, de relaciones institucionales y de medios de comunicación de las que no se conoce ningún trabajo realizado ni asistencia a la sede de la empresa y una sola que sí consta que acudiera a la sede a desempeñar sus funciones.
“Estamos hablando de que esos contratos se pagaban con dinero público y queremos llegar hasta el fondo de la situación”, ha apostillado la edil, quien también ha argumentado la decisión de su grupo de llevar estos hechos al pleno municipal debido a que una de las personas a las que se le están exigiendo responsabilidades es concejal actualmente de la corporación en el grupo de los populares, y debido igualmente a que fue designada por el Ayuntamiento en 2016 para ser consejera de la empresa en su calidad de socio público.
