La Diputación Provincial de Granada ha aprobado por mayoría la moción del grupo de Ciudadanos por la que instará a la Junta de Andalucía a que asuma su responsabilidad y actúe para rescatar el servicio gestor telefónico de emergencias (112, 061 y Salud Responde) y a todos los trabajadores que han estado en este tiempo desarrollando su labor en ellos. “Nuestra exigencia a la Junta de Andalucía se centra en el cumplimiento inmediato de la legalidad vigente, en concreto, en todo lo referente a la puesta en marcha de las acreditaciones de las cualificaciones profesionales para el colectivo de teleoperación de emergencias. Se trata de recuperar los derechos de todos los trabajadores”, ha señalado el diputado provincial de Ciudadanos Raúl Fernández.
El diputado se ha referido al conflicto que desde hace más de un año se vive en los centros de trabajo de gestión telefónica, actualmente en manos de contratas adjudicatarias que no aplican el convenio colectivo que les asignan y que deterioran la calidad del servicio de cara a los ciudadanos. En este sentido, Fernández ha aludido a la “pasividad” con la que se ha actuado ante determinados abusos empresariales, como los nueve despidos realizados en las EPES 061 de profesionales con una amplia trayectoria profesional.
Asimismo, Fernández ha argumentado la necesidad de eliminar las contratas de gestión telefónica de los servicios de emergencia como el 112, el 061 o Salud Responde al tratarse de un “servicio esencial y público que debe ser desempeñado directamente por la Administración”. Según ha contado el diputado, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Tribunal de Cuentas de Andalucía ya se han pronunciado al respecto y han aconsejado que las gestiones de emergencias se realicen directamente por las empresas públicas, dado que es más rentable tanto social como económicamente para el erario público.
Por otro lado, la Diputación ha proclamado como declaración institucional la otra moción del grupo de Ciudadanos relativa a una mejora de la transparencia en la institución a través de un plan de seguimiento de las mociones aprobadas en pleno, contemplando la obligación real de acometerlas en un plazo de tiempo determinado y con una partida presupuestaria propia (en el caso de necesitarse), así como de ser incluidas en el portal de transparencia
