El grupo de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Granada llevará al próximo pleno de la institución una iniciativa para analizar las posibilidades de incorporar la Diputación a la Red de Ciudades Saludables; un proyecto dependiente de la Federación Española de Municipios y Provincias cuyo objetivo es “la salud y el desarrollo sostenible a nivel local”.
“La salud es algo más que la ausencia de enfermedad o la actividad curativa de los servicios sanitarios; puede crearse si el entorno donde vivimos nos facilita estilos de vida más sanos”, ha explicado el diputado Francisco Rodríguez Ríos, quien ha apuntado que cualquier municipio puede ser saludable si se compromete con la salud, tiene una estructura para trabajar por ella y comienza un proceso para conseguir más salud.
Rodríguez Ríos ha puesto de manifiesto que este proyecto, al que su formación espera que se sume la Diputación Provincial, busca mejorar tanto el bienestar como el medio ambiente físico, mental y social de la ciudadanía; de hecho, en la actualidad ya cuenta con 149 ciudades asociadas y afecta a más de 19 millones de ciudadanos de todo el país. En este sentido, el diputado de Cs ha valorado positivamente la importancia de formar parte de esta red, ya que “permite adquirir conocimiento e intercambio de experiencias municipales en salud y desarrollo sostenible”, además de “contar con formación, apoyo técnico y económico para proyectos y actividades y para la elaboración de planes municipales de salud, programas y actividades”.
La Red de Ciudades Saludables profundiza en temas como la mejora de los hábitos alimenticios, el fomento de la práctica de actividad física, la prevención de la obesidad, la reducción del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias adictivas o el impulso de medidas que propicien un envejecimiento activo y saludable. Para garantizar la buena marcha del proyecto, ha añadido Rodríguez Ríos, la propuesta de Cs recoge el funcionamiento de las oficinas de inspección y control de consumo que puedan canalizar, ayudar y atender los abusos que se producen en materia de consumo sobre la población y, en paralelo, designar a un responsable político de la corporación provincial y a un técnico para que recaben toda la información y propongan al pleno lo más conveniente.
“Queremos, tal y como recoge la Constitución Española, que los poderes públicos garanticen la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo su salud, su seguridad y sus legítimos intereses económicos promoviendo la información y la educación”, ha concluido el diputado.
