El diputado granadino del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) en el Congreso, Luis Salvador, ha planteado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la posibilidad de que el Gobierno ofrezca una formación especializada a las personas que trabajan como peones agrícolas que les permita obtener un certificado de profesionalidad previo a comenzar a trabajar en una explotación agraria. “Se trata de otorgar a esta profesión el valor que le corresponde, además de contribuir a la mejora del trabajo del peón agrícola y a su aportación al sistema”, ha asegurado Salvador, quien ha elevado a las Cortes una pregunta escrita en este sentido.
El diputado ha destacado el papel de la agricultura como “soporte de la economía española” y que aglutina a un gran número de productos con modelos de producción muy diversos que van desde el modelo intensivo de hortícolas de invernadero hasta el secano extensivo de los frutos de cáscara. “La producción española anual media se encuentra en torno a los 24,2 millones de toneladas, lo que permite que el sector genere un total de 230.000 UTAs (Unidad de Trabajo Agrario) directas y más de 100.000 empleos indirectos de labores de manipulación y envasado”, ha señalado.
Salvador ha puesto de manifiesto que la importancia de este sector, por tanto, requiere que los productos agrícolas tengan garantía de calidad junto al habitual control de los plaguicidas y procedimientos utilizados en los diferentes cultivos por los agricultores. “Consideramos que un certificado de profesionalidad para los peones agrícolas en los diferentes cultivos puede repercutir positivamente en el sector”, ha incidido el diputado, quien ha puesto como ejemplo que en la zona de Granada y Málaga se podrían dar cursos sobre el cultivo y la recolección de los subtropicales, mientras que en la zona de Almería podrían versar sobre los productos que se cultivan en los invernaderos y en Murcia sobre los productos de huerta.
Asimismo, Salvador ha expuesto la posibilidad de que el Gobierno bonificase a los empresarios agrarios que a la hora de la contratación favorezcan a las personas que cuenten con dicho certificado de profesionalidad, redundando así en la mejora del sistema y favoreciendo el reconocimiento de la profesión.
