El portavoz del grupo de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Granada, Raúl Fernández, ha reivindicado a la institución la “necesaria planificación de la gestión de residuos en los municipios” mediante un programa provincial que garantice no solo la aplicación de la normativa actual sobre la recuperación de materiales, sino también el establecimiento de unos objetivos cuantitativos de reciclaje acordes a los que se marcan a nivel europeo.

“La provincia de Granada carece actualmente de un plan estratégico para cumplir con los parámetros fijados tanto por la normativa nacional como por la europea, y para los cuales existen ya fechas fijadas en los años 2020, 2025 y 2030”, ha aseverado Fernández, quien ha apuntado que el último Plan de Residuos aprobado por la Diputación de Granada data de 1992 y concebía un solo modelo de tratamiento de residuos.

El diputado, que llevará al próximo pleno de la institución esta propuesta, ha explicado que existe un contrato de gestión de tratamiento de residuos en la provincia suscrito entre la Diputación Provincial y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas por el que la empresa de comprometía a realizar entre 2015 y 2017 un total de 23 proyectos para incrementar la recuperación de materiales, de los que la mayor parte están actualmente sin acometer. Ante esto, el portavoz plantea en la iniciativa de Ciudadanos la necesidad de que la institución exija a la empresa concesionaria la ejecución de las obras que aparecían contempladas en el contrato de gestión, y que no solo afectan a los ratios de recuperación de materiales reciclables, sino que también están afectando negativamente a los trabajadores y a sus condiciones laborales.

“A día de hoy, alrededor del 75% de los residuos que reciben las instalaciones de la Diputación terminan en vertedero, lo que contraviene el Plan Estratégico Marco de Residuos de España, que fija como objetivo para 2020 el reciclado del 50% de los residuos, así como el Paquete de Economía Circular propuesto por la Unión Europea para 2030, que quiere limitar a solo el 10% los residuos que terminan en el vertedero”, ha apostillado Fernández, quien en su propuesta recoge también la necesidad de elaborar informes trimestrales y una memoria anual sobre los servicios ofertados y las certificaciones realizadas y sobre las cantidades absolutas y porcentajes de recuperación de materiales y de los residuos que acaban en vertedero.

El diputado también ha manifestado la necesidad de regular competencias de la gestión de residuos, y que actualmente se dividen entre la recogida, a cargo de los municipios, y el tratamiento, competencia de la Diputación. En este sentido, Fernández ha avanzado que “la implantación obligatoria de recogida selectiva de materia orgánica va a implicar importantes cambios en el modelo de recogida que conocemos actualmente”, ya que la mayoría de los municipios no tienen capacidad para afrontar por sí mismos los cambios, por lo que recurrirán a la Diputación para que les preste ayuda. “Nuestro plan como provincia debe ser alcanzar los objetivos marcados por España y Europa en los plazos previstos sobre la prevención y reciclado de residuos, apostando por el respeto al medio ambiente y la educación en el consumo”, ha concluido.