El diputado granadino de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Funes, ha instado a la Junta de Andalucía a “hacer efectiva la ordenación de las sedes de los órganos de Justicia en Granada” y a poner en marcha la “necesaria unificación en un solo edificio de las secciones penales y civiles de la Audiencia Provincial”. Así lo ha reivindicado esta mañana Funes en la comisión de Justicia del Parlamento andaluz, donde ha resaltado que “una ciudad de justicia por excelencia y tradición como Granada no puede contar con la única Audiencia Provincial de Andalucía sin sede unificada”.
Según ha explicado el parlamentario, esta petición responde a una demanda reiterada del Juez Decano de Granada, del Presidente de la Audiencia Provincial y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quienes consideran “prioritaria” la unificación de las dos secciones penales y tres civiles en un mismo edificio respetando el proyecto que existe desde hace años y que “no puede ser retrasado por más tiempo”.
Actualmente, los órganos de administración judicial se reparten entre un edificio de alquiler en la calle Molino de la Corteza del Carmen, donde se encuentran las secciones civiles número 3, 4 y 5, y la Real Chancillería, que alberga las secciones penales. Esta disposición, según ha apuntado el parlamentario, obliga a “dedicar un tiempo notablemente superior que en el resto de las provincias para realizar gestiones judiciales que requieran presencia en distintas sedes”, además de “dificultar la labor de los profesionales y colaboradores de la justicia” y “trasladar una imagen indigna de desorden” que no se merece ni la ciudad ni sus ciudadanos.
Junto a esto, Funes también ha puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo sin más dilaciones la reforma del complejo judicial de la Caleta, que ahora cuenta con amplios espacios libres que están inutilizados y plantas totalmente vacías que podrían ser ocupadas de forma “operativa, equilibrada y ordenada”: “Buscamos conseguir un mejor funcionamiento administrativo de la justicia granadina y permitir un ahorro en alquileres de sedes que dejarían de ser necesarias”.
