El portavoz del grupo de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Granada y parlamentario andaluz, Raúl Fernández, ha llevado a la institución una propuesta para que todos sus organismos dependientes apliquen los criterios de contratación pública ecológica, es decir, que “fomenten y contribuyan a los objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental en el desarrollo de su actividad, utilizando recursos y sistemas de producción y consumo sostenibles”.
Según ha explicado Fernández, la Comisión Europea estableció en el documento Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que la contratación pública desempeña un papel “esencial” como instrumento para el fortalecimiento del mercado interior comunitario, por lo que ha de procederse a su simplificación y modernización, además de incluir consideraciones de tipo medioambiental, entre otras.
“Desde Ciudadanos consideramos que la contratación pública ecológica es una importante herramienta para el logro de las grandes políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles”, ha aseverado el portavoz de Cs en la Diputación Provincial, quien ha recordado que el pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, que recoge criterios medioambientales para la contratación de las administraciones y que establece objetivos principales como promover la adquisición de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible, servir como instrumento de impulso del plan de acción de la UE para la economía circular y apoyo para la transición hacia una economía baja en carbono, promover la incorporación de cláusulas medioambientales en la contratación pública o apoyar medidas concretas para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador con un uso más racional y económico de los fondos públicos.
“Este tipo de contratación ecológica se puede aplicar específicamente en sectores como la construcción y gestión de edificios, la construcción y el mantenimiento de carreteras, el suministro de electricidad, los equipos de impresión y ordenadores, productos y servicios de limpieza, sistemas de climatización y transporte”, ha apuntado Fernández, quien ha solicitado a la Diputación que los criterios medioambientales que aparecen contemplados en este plan puedan ser incorporados a los pliegos de contratación como criterios de adjudicación o de selección del contratista, especificaciones técnicas del contrato o condiciones especiales de ejecución, sirviendo de base para la creación de un reglamento interno para la aplicación de estos criterios.
“Los bienes, servicios y productos que adquiere la administración pública suponen un impacto sobre el calentamiento global, es decir, tienen asociada una huella de carbono”, ha puesto en relieve el portavoz, quien considera que la administración debe esforzarse en reducir su huella de carbono, y consecuentemente, en adquirir bienes, servicios y productos con la menor huella de carbono posible.
