El concejal del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada Raúl Fernández ha denunciado la dejadez del equipo de gobierno en la elaboración de la ordenanza reguladora de ocupación de la vía pública para el comercio que su formación llevó al pleno hace un año con el objetivo de “garantizar a los comerciantes que la ocupación de la vía pública que realicen con sus productos esté estrictamente reglamentada y no sujeta a decisiones discrecionales”.
“Se trata de evitar que una actividad que se realiza de forma habitual y que cuenta con una regulación específica para otros negocios como los relacionados con la hostelería sea objeto, en el caso de los comercios, de irregularidades y de desigualdades de trato por zonas, llegando a suponer incluso en algunos casos multas y sanciones de elevada cuantía”, ha señalado Fernández.
El edil, quien ha estado acompañado en rueda de prensa por varios representantes de los comerciantes que están padeciendo la incertidumbre de esta falta de regulación, ha puesto como ejemplo otras ciudades del país en las que los comercios pueden sacar sus productos a la calle siguiendo la normativa específica establecida para ello. En este sentido, Fernández ha apuntado que el hecho de que en este momento esté prohibido que los comercios saquen sus mercancías a exposición puede llegar a suponer para algunos de ellos, especialmente los más antiguos y tradicionales, la pérdida de hasta el 50 por ciento de sus ventas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y cierre de locales, así como la merma del atractivo turístico para nuestra ciudad.
“Nuestro comercio se encuentra en una situación muy delicada y, en lugar de ponerle trabas, nuestra obligación es velar por su protección, asegurando en todo momento la igualdad y la libre competencia”, ha resaltado Fernández, quien ha insistido en la importancia de que los comerciantes puedan contar con la “seguridad jurídica” que requieren para el desarrollo de sus actividades y permitiendo en todo momento que esto respete las medidas de seguridad establecidas y los criterios de accesibilidad a los espacios públicos y a las viviendas particulares.
