El diputado granadino del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) en el Congreso, Luis Salvador, ha reivindicado al Gobierno la integración del sistema sanitario penitenciario en el sistema público de salud para garantizar así la igualdad de todos los españoles en aspectos sanitarios y evitar que existan “ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda” en relación a un ámbito tan prioritario como es la salud.
“Los distintos gobiernos de este país no han avanzado en nada para alcanzar esa igualdad, olvidándose por completo de la población reclusa en los centros penitenciarios”, ha lamentado Salvador, quien ha recordado que este derecho viene recogido ya en el artículo 14 de la Constitución Española y que la propia legislación y los profesionales del sector demandan la integración de la sanidad penitenciaria como única forma de conseguir la modernización y normalización completa del sistema.
Asimismo, según ha explicado el diputado, en 2003 ya se aprobó una ley para la cohesión y calidad del sistema nacional de salud que establecía la transferencia de los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias a las comunidades autónomas para permitir su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. Junto a esto, ha indicado Salvador, las distintas Recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa también abogan por la necesaria integración de la sanidad penitenciaria en la sanidad pública, siendo ambas perfectamente compatibles.
“Queremos conocer si existe por parte del Gobierno un calendario con los plazos reales para el cumplimiento de esta integración, así como si el Ministerio de Interior ha llevado a cabo algún tipo de estudio financiero acerca del coste de la integración en el sistema de salud de las comunidades autónomas”, ha requerido Salvador a través de una iniciativa que ha elevado a las Cortes en la que también solicita información sobre el proyecto con el que está trabajando Interior para llevar a cabo el traspaso y transferencia del personal sanitario y, en concreto, para paliar y cubrir las plazas de médicos en los centros penitenciarios, que se reducirán en tres años aproximadamente en un 80 por ciento debido a las jubilaciones de los profesionales.
