El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha pedido la creación de una oficina municipal para atender a los legítimos propietarios afectados por la ocupación ilegal de sus viviendas y ofrecerles una protección integral y efectiva y para coordinar las actuaciones de vigilancia que permitan garantizar en todo momento la seguridad y la convivencia vecinal.

“La falta de respuesta por parte de los poderes públicos está generando una sensación creciente tanto de desprotección para los legítimos propietarios de las viviendas ocupadas como para los vecinos que tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones, así como de impunidad para las mafias que realizan este tipo de actividades delictivas”, ha señalado Olivares, quien ha avanzado que su grupo llevará esta iniciativa al pleno municipal de este viernes al igual que ya están haciendo en numerosos consistorios de todo el país otros grupos de Cs como reivindicación de apoyo a la propuesta de modificaciones legislativas que la formación ha presentado recientemente en el Congreso de los Diputados.

Olivares ha explicado que esta oficina municipal en defensa de los derechos de los vecinos afectados por la ocupación ilegal contará también con una “unidad de seguimiento para instruir los expedientes administrativos que acrediten aquellos hechos contrarios a las ordenanzas vigentes en materia de convivencia vecinal y de protección ciudadana” partiendo de los hechos denunciados en el punto de atención vecinal contra la usurpación y que pueda servir así como prueba en los procesos judiciales pertinentes.

El portavoz municipal de Cs ha abogado por la necesidad de “reforzar urgentemente la actual legislación para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas” y, en este sentido, ha recordado algunas de las medidas que la formación ha registrado en el Congreso de los Diputados a través de una Proposición No de Ley (PNL) que solicita, entre otros aspectos, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para legitimar a las Juntas de Propietarios para instar al desalojo de viviendas ilegalmente ocupadas cuando supongan una perturbación para la convivencia y seguridad de la comunidad de vecinos, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los desalojos de estas viviendas se tramiten a través de juicios rápidos que minimicen los plazos procesales y la reforma del Código Penal para elevar las penas en casos de ocupaciones ilegales y violentas o que sean promovidas por organizaciones criminales para el desarrollo de actividades delictivas.

“Cualquier iniciativa que aborde el fenómeno de las ocupaciones ilegales no puede ser ajena al origen que lleva a muchas familias a verse en manos de estas organizaciones criminales y que no es otro que la situación de necesidad de una vivienda cuyos costes no pueden afrontar o de la que se han visto privados tras un desahucio, en la mayor parte de los casos, por situaciones sobrevenidas y ajenas a su voluntad”, ha apuntado.

Junto a esto, la iniciativa de Ciudadanos pide igualmente un “refuerzo inmediato de la presencia policial y patrullaje preventivo en las zonas afectadas por ocupaciones ilegales”, además de la “elaboración de un censo de viviendas ocupadas cuantitativo y cualitativo” donde quede reflejado el tipo de ocupación, diferenciando las ocupaciones mafiosas de las de las personas que las realizan por cuestiones de necesidad y respetando en todo momento la normativa en materia de protección de datos.