La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Otura, María Jesús Aguilera, ha pedido al alcalde de la localidad que busque la implicación de Emasagra para desbloquear la situación que actualmente sufre la urbanización Santa Clara en relación al abastecimiento de agua.
Según aseveró Aguilera durante el último pleno municipal, “la solución no puede radicar en que las consecuencias de un mal convenio en el origen de la urbanización terminen por recaer en el bolsillo de las familias que allí viven y los propietarios de parcelas”, todos ellos ajenos a la mala praxis de gobernantes de PSOE, IU, GIO y PP de anteriores etapas de gobierno.
“La promotora de esta urbanización convenió con el entonces gobierno del PSOE-IU avalar los trabajos de la obra inscribiendo una carga urbanística sobre cada una de las parcelas, en lugar de un aval bancario o un depósito bloqueado en una cuenta del ayuntamiento”, ha explicado la portavoz de Cs en Otura, quien ha apuntado que años después, con la obra sin terminar, el Ayuntamiento debería finalizar la urbanización subsidiariamente y y estaría sopesando ejecutar ese aval obligando a las familias a pagar de su bolsillo los costes millonarios de unos trabajos que debió asumir la urbanizadora.
“En Cs Otura nos posicionamos en contra de esta solución porque entendemos que es profundamente injusta aunque sea legal y advertimos al alcalde de una posible cascada de demandas contra el Ayuntamiento, puesto que según miembros de la asociación de afectados que se ha creado recientemente, las cargas urbanísticas están prescritas y no cabe su reinscripción, solución que podría estar barajando el ayuntamiento”, ha señalado Aguilera. Ante esto, el grupo municipal de Cs Otura ha asegurado ser “muy consciente” de las dificultades que entraña encontrar una solución, y por ello ha solicitado al alcalde que sondee la implicación de la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, Emasagra, para el desarrollo de la red de agua, ya que para el despliegue de la red eléctrica el ayuntamiento contaría con la disposición de las entidades bancarias propietarias de parcelas para sufragar su coste.
“Comprendemos que la situación económica del Ayuntamiento es muy precaria y sin capacidad de endeudamiento, y que tampoco se puedan conceder licencias de obra ni de primera ocupación hasta que la urbanización se acabe y se recepcione con toda su red de agua y electricidad completa, pero no podemos aceptar que sean las familias de esa urbanización quienes años después tengan que pagar los platos rotos de un mal acuerdo que nunca debió firmarse en aquellos términos”, ha concluido Aguilera.
