El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha denunciado públicamente la pasividad del equipo de gobierno ante las ocupaciones ilegales y demás irregularidades que se siguen sucediendo en los alrededores del distrito Albaicín y, concretamente, en el Cerro de San Miguel. Según ha resaltado Olivares, “la situación requiere de acciones inmediatas, sin miedo y con valentía”, para exigir el “cumplimiento taxativo de la normativa” y poder respetar lo que ya detalla claramente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), es decir, que se trata de un espacio destinado a zonas verdes de uso público.
“Estamos hablando de una situación muy grave”, ha resaltado Olivares, “en la que el propio concejal responsable del área reconoce que existe desde el pasado mes de marzo un informe que detalla que las inspecciones han descubierto huertos urbanos irregulares en zonas de especial protección arqueológica, enganches ilegales al suministro eléctrico, vertidos incontrolados de aguas sucias, cercado de espacios, cortes de caminos y actividades de hostelería y música sin autorización”.
El portavoz municipal de Cs ha lamentado que, después de diez meses, aún no se haya comenzado a trabajar para ejecutar un plan que permita realmente dar soluciones a las irregularidades que existen en el Albaicín y ha pedido celeridad para abordar una situación que preocupa enormemente a todo el barrio y al resto de la ciudad.
“Los vecinos están alarmados porque consideran que se está configurando un verdadero territorio de impunidad debido a la inacción de la administración municipal y el resto de administraciones competentes y nos han mostrado su preocupación por el proceso de apoderamiento que se está llevando a cabo del suelo municipal que está destinado al uso y disfrute de los ciudadanos”, ha señalado Olivares, quien ha expuesto la importancia de ejecutar un plan de acción social que permita atender a las personas sin recursos y en riesgo de exclusión social a través de los servicios sociales.
En este sentido, el portavoz ha apremiado al equipo de gobierno a que exige el cumplimiento urgente de las ordenanzas en la zona y ha puesto de manifiesto la necesidad de que entre todos los grupos se trabaje “una estrategia que permita la implantación de condiciones de legalidad en las construcciones y conexiones a servicios, la elaboración de un inventario de cuevas y la recuperación del suelo público apropiado ilegalmente y el inicio de la gestión urbanística del suelo según la normativa vigente”, además de “garantizar la convivencia en el barrio desde el respeto y el civismo”.
