El grupo de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Granada ha llevado al pleno de la institución una propuesta para la elaboración de un plan especial de emergencia sísmica para la provincia de Granada que ha sido respaldado por el resto de los grupos y que contempla “una serie de actuaciones preventivas de cara a minimizar al máximo las consecuencias de los posibles seísmos que se puedan producir”, según ha afirmado el diputado provincial de C’s Francisco Rodríguez Ríos.
“Al igual que sucede con otros peligros geológicos, el hecho de que se produzca un terremoto es inevitable, pero a través del estudio de las características de estos procesos y de las condiciones locales del terreno se pueden diseñar e implantar medidas de prevención y mitigación mediante acciones como la ordenación del territorio y la aplicación de normas de construcción que eviten los daños a edificaciones y estructuras, causa en la mayoría de los casos de la pérdidas de vidas humanas”, ha apuntado Rodríguez Ríos.
El diputado ha explicado que la provincia de Granada presenta una sismicidad relativamente elevada, de nivel 8, según datos del Instituto Geográfico Nacional. Localizada en el área sísmica denominada Ibero-Magrebí, en ella se genera una actividad sísmica que más activa en la zona central de la provincia, aunque con terremotos de mayor energía en los extremos.
La elaboración del plan especial que propone Ciudadanos contempla, además, la realización en colaboración con la Agencia Provincial de Extinción de Incendios y el Consorcio Provincial de la revisión e inspección de los edificios públicos no adaptados a la norma sísmico-resistente dependientes de los ayuntamientos que lo soliciten a través del plan de concertación. Igualmente, la iniciativa solicita la elaboración de un protocolo de actuación detallado ante una emergencia sísmica con la edición correspondiente de un catálogo y la realización de campañas divulgativas, diferenciando una general para todos los ciudadanos por municipios, y otra específica para la formación de escolares por centros educativos y municipios a través de un convenido con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
