La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con el consenso de todos los grupos, una iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPC’s) para garantizar el proyecto de finalización de las conducciones de la Presa de Rules y marcar su periodo de ejecución.
La propuesta, defendida por el diputado granadino Luis Salvador, recoge la firma de un convenio entre el Estado y la Junta de Andalucía que detalle el proyecto de las obras necesarias para la distribución de agua de los embalses de Béznar y Rules hasta la Costa Tropical, y el establecimiento de los plazos para llevarlo a cabo.
“Ciudadanos dijo que una de sus prioridades políticas iba a ser garantizar el fin de las obras de la Presa de Rules y trabajar por el consenso en este tema. Hoy todos los grupos parlamentarios nos hemos puesto de acuerdo por el interés general de una comarca que ha visto limitadas sus posibilidades de desarrollo por la carencia de infraestructuras y que lleva más de doce años reivindicando las conducciones de la Presa de Rules”, ha explicado Salvador. También ha resaltado que “en este tiempo, sin la infraestructura, se ha desperdiciado tanta agua al mar como la producida por la Presa de Béznar en las tres últimas décadas”.
La iniciativa aprobada incluye además la realización de las acciones necesarias para mejorar la competitividad y productividad de las explotaciones agrícolas de la zona, y contempla igualmente la revisión de los usos previstos para los caudales regulados en la presa con un criterio racional del coste-beneficio de las alternativas existentes para la satisfacción de los usos de abastecimiento y regadío.
Por otro lado, también se considera fundamental la racionalización de las expectativas de crecimiento de regadío generadas en el litoral teniendo en cuenta los efectos del cambio climático priorizando los usos en el entorno territorial más cercano, es decir, la Costa Tropical. Además muestra su apoyo a la Comisión de Seguimiento de las obras constituida por el Ministerio de Agricultura, la sociedad estatal Acuamed y la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo.
